EFE / Las Palmas de Gran Canaria
La Asociación Canaria de Víctimas del Franquismo (ACVF) presentará este viernes en la Embajada de Argentina en Madrid una petición para que se incorporen al proceso abierto en los juzgados de Buenos Aires sobre los crímenes del franquismo los casos de 1.800 represaliados en el archipiélago.
Esta denuncia sobre las víctimas de la dictadura en las islas, que cuenta con el apoyo expreso del Cabildo de Gran Canaria -gobernado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos-, será formalizada mañana en la delegación diplomática por la abogada Ana Messuti, letrada que promueve la causa principal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires.
Esta posible ampliación del proceso argentino al franquismo por crímenes contra la humanidad se propone coincidiendo con la publicación del libro "Tormenta en la memoria", de Francisco González, presidente de la ACVF, que será presentado mañana en la Universidad Complutense de Madrid por el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que firma el prólogo del trabajo.
"Este libro quiere ser la voz de los sin voz, de todas aquellas personas que fueron asesinadas impunemente por defender la legalidad democrática", ha señalado González, nieto de uno de los fusilados por el franquismo en el municipio de San Lorenzo (ayuntamiento que fue disuelto e incorporado a Las Palmas de Gran Canaria en 1937) y sobrino de un bebé al que las llamadas "Brigadas del amanecer" mataron en la misma localidad, arrojándolo contra una pared.
El abogado de la ACVF, Simón Concepción, ha explicado en rueda de prensa que su denuncia identifica "con nombre y apellidos" a las personas que participaron o fueron cómplices de los crímenes del franquismo en Canarias, comunidad apenas castigada por la Guerra Civil, pero donde la represión posterior "fue terrible".
Entre las personas a las que la denuncia cita como responsables de aquellos crímenes, figuran el fiscal jefe de la Auditoría de Guerra, Rafael Díaz Llanos; el teniente del Cuerpo Jurídico Militar José Cáceres Sánchez; el comandante militar de Canarias, José Samsó; el jefe de la Auditoría de Guerra, el coronel Lorenzo Machado; y el comandante Carmelo Llarena, entre otros.
La vicepresidenta de la ACVF, Hiurma Castejón, ha resaltado también el papel que, bajo su punto de vista, jugaron en aquellos hechos instituciones como la Iglesia o el Ejército, partidos político como Falange Española o la "oligarquía isleña".
"Todavía no se les ha juzgado por lo que hicieron. Y son tan culpables como el que apretó el gatillo", ha opinado Castejón, sobrina del presidente del Cabildo de Gran Canaria en 1936, Nicolás Cabral, que tuvo que exiliarse en México tras la sublevación.
Este colectivo demanda a la Justicia argentina que juzgue todos aquellos hechos y que se depuren las responsabilidades que correspondan, aunque los autores de los crímenes ya estén muertos.
Su vicepresidenta subraya que no todos han fallecido, pero sobre todo exige una reparación para las familias de las víctimas.
En nombre del Cabildo de Gran Canaria, su consejera de Comercio e Industria, Minerva Alonso (NC), ha señalado que esta denuncia cuenta con "el apoyo firme" del equipo de gobierno de la corporación.
La abogada Ana Messuti y los representantes de la ACVF presentarán mañana esta ampliación de la querella al franquismo en la Embajada de Argentina en Madrid, a las 10.30 horas, en un acto al el que asistirán los actores Alberto San Juan y Willy Toledo.
Paneles con fotografías de víctimas canarias del Franquismo, presidieron este jueves la rueda de prensa ofrecida por la Asociación Canaria de Víctimas del Franquismo.
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