divendres, 16 de gener de 2015

IU quiere llevar la Memoria Histórica a los libros de texto de ESO y Bachillerato

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La formación propone que las instituciones públicas sean las responsables de exhumar a personas en las fosas, un censo de personas desaparecidas y su inclusión en el curriculum educativo

  • El procurador de Izquierda Unida, José María González - Ical
    El procurador de Izquierda Unida, José María González - Ical
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Efe 16/01/2015
El "conocimiento veraz" de la Guerra Civil, la Dictadura militar del general Franco y la Transición a la democracia en España debe figurar en el currículum académico de la ESO y Bachillerato "como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos", ha propuesto IU en Castilla y León.
Esta y otras reivindicaciones figuran en una proposición de ley que ha presentado en las Cortes regionales el procurador de IU, José María González, en nombre del Grupo Mixto del que también forma parte la Unión del Pueblo Leonés (UPL), y cuya aprobación pretende para esta legislatura que acaba el próximo mayo.
La localización y búsqueda de fosas con fusilados durante la Guerra Civil (1936-1939), así como de represaliados durante la primera etapa de la Dictadura franquista, todo ello con cargo a la Junta de Castilla y León, figura entre las demandas de este borrador de ley que consta de sesenta y cinco artículos, siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales y dos finales.
"Me encantaría que el PP de Castilla y León se pusiera la medalla de esta proposición de ley, que la hiciera suya con sus votos porque ellos tienen la mayoría absoluta", ha expresado González durante una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la secretaria de Igualdad, Solidaridad y Derechos Humanos de IU, Sara Doval.
España, según Doval, es el país del mundo después de Camboya "con mayor número de fosas comunes", unas 1.200 de las cuales doscientas se encontrarían en la comunidad autónoma, además de "miles de desaparecidos" cuya memoria democrática pretende reparar esta ley análoga a una aprobada ya en Andalucía.
La elaboración de un censo de víctimas con las causas y tipo de su muerte, la apertura de un banco de ADN para facilitar la identificación, la retirada de símbolos, placas, rótulos y calles dedicadas a la exaltación de los vencedores, y la señalización mediante itinerarios y catálogos de los lugares donde se cometieron episodios y sucesos sangrientos, también figuran entre las exigencias.
La Proposición de Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como así se denomina esta iniciativa promovida por IU, difiere en varios aspectos respecto a la Ley de la Memoria Histórica que en 2007 promovió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
"Aquella es más generalista, tiene más lagunas legales como ocurre en algunos casos de la retirada de símbolos o la exhumación de fosas en propiedades privadas, tampoco obliga a las instituciones a costear económicamente y no dice prácticamente nada en el terreno educativo", según Doval.
La propuesta de IU obligaría a la actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, mediante la incorporación de "nuevos enfoques y resultados de la investigación historiográfica en los últimos años", según el texto.
Pretende también la elaboración de materiales didácticos que presenten "una visión motivadora y veraz de los acontecimientos históricos y de la vida cotidiana del periodo" referido, y la incorporación de la formación permanente del profesorado en relación con "el tratamiento de la Guerra Civil y la Dictadura".
"Todo esto no es una cosa de veteranos de noventa años, sino una cuestión intergeneracional, algo que tiene que ver con la democracia y la historia", ha argumentado el procurador José María González acerca de una propuesta de cuyo contenido y tramitación no ha hablado con el resto de los grupos parlamentarios (PP y PSOE).
La definición y exposición de títulos, capítulos y disposiciones ha tenido en cuenta todas las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales sobre este tipo de asuntos, de modo que cualquier rechazo de esa proposición obedecería, a su juicio, a un "veto político".
La investigación, amparo legal y reparación a los familiares de los bebés adoptados ilegalmente durante la posguerra y en décadas posteriores, incluso ya en democracia, también tiene acomodo en este borrador de ley.