http://www.infolibre.es/noticias/lo_mejor_mediapart/2015/03/14/las_victimas_del_franquismo_alzan_voz_bruselas_29714_1044.html
- El Gobierno de Mariano Rajoy sigue denegando la extradición de antiguos responsables franquistas a Argentina, único país del mundo en el que se instruye el proceso contra los crímenes del franquismo
- Las asociaciones de víctimas tienen puestas todas sus esperanzas en Bruselas para conseguir que España cambie de actitud
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Protesta de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. MARTA SEMITIEL
Asociaciones de víctimas del franquismo y sus aliados argentinos se desplazaron a Bruselas a principios de este mes de marzo para reclamar a la Unión Europea que se posicione en los debates sobre la Memoria Histórica que siguen generando controversia en España, precisamente cuando están a punto de cumplirse 40 años de la muerte de Franco. En Madrid, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy se niega a reabrir la causa, en un país donde la Transición democrática (1976-1982) hace aguas como consecuencia de la crisis.
Argentina es el único país del mundo en el que se instruye el proceso de los crímenes del franquismo. La justicia de Buenos Aires recurrió al principio de Justicia universal para abrir en 2010 una investigación preliminar. Según este principio, los crímenes contra la humanidad, que por su naturaleza no prescriben, se pueden perseguir fuera de las fronteras donde se cometieron. En octubre de 2014, la jueza al frente de la causa emitió una orden internacional de detención contra una veintena de exresponsables del régimen, entre ellos dos exministros. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno de Madrid no ha dado luz verde a dichas extradiciones. Entre tanto, varios acusados han fallecido. Algunos están acusados de genocidio.
“Solicitamos al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que exijan al Gobierno español que elimine los obstáculos para que se puedan investigar y juzgar los crímenes franquistas, para que sean identificados todos los cuerpos de las fosas comunes y para que se termine con la apología del franquismo en monumentos y plazas de España”, declaró Carlos Slepoy, abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA) en una rueda de prensa celebrada en Bruselas el 4 de marzo.
“Venimos aquí buscando una condena del Gobierno español”, insistió José María Galante, portavoz de la asociación de expresos del franquismo, La Comuna, que apoya el proceso iniciado en Buenos Aires. “Este Gobierno y los que le han precedido son cómplices de la barbarie franquista. Nosotros, las víctimas, nos hemos visto obligados a pedir justicia fuera de nuestras fronteras [...] Estos cómplices del franquismo se sienten hoy autorizados a pasar por alto la legislación internacional, denegando la extradición de los que han firmado las condenas a muerte de nuestros camaradas”, añadió.
La delegación fue invitada por un grupo de eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo, de diversos partidos, especializado en asuntos relacionados con la Memoria Histórica. Para Marina Albiol, eurodiputada de IU y miembro del grupo de trabajo, el objetivo es “alzar la voz en el Parlamento y denunciar la impunidad de los crímenes del Estadofascista, dado que la Transición terminó condenando a las víctimas, absolviendo a los verdugos, el Parlamento debe trabajar en la promoción de la verdad y la justicia y poner en marcha reparaciones”. “Es vital que se cuenten estas cosas en el Parlamento Europeo, que se haga oír esta memoria histórica que nos niegan en Madrid”, señala, por su parte, Josu Juaristi, eurodiputado de Bildu.
Pese a las reiteradas demandas de Naciones Unidas, España se niega a investigar a los miles de desaparecidos, muertos durante la Guerra Civil (1936-39) o durante la dictadura de Franco. Apela a la Ley de amnistía, adoptada en 1977, uno de los pilares de la Transición política nacida tras la muerte de Franco. En 2006, familias de las víctimas recurrieron al juez Baltasar Garzón, que trató de investigar, pese a todo, los crímenes del franquismo. Pero el Tribunal Supremo, en 2012, lo condenó, en el marco de otra causa, a 11 años de inhabilitación, lo que le permitió neutralizarlo.
Para justificar la renuncia a la extradición de exmandatarios franquistas, el Gobierno de Madrid aduce que estos crímenes han prescrito. El Ejecutivo también apela a la soberanía de los Estados miembros y se niega a reconocer las demendas de extradición formuladas por la Interpol y más generalmente al principio de “Justicia universal”; el mismo que autoriza Buenos Aires a investigar crímenes cometidos en suelo español. “La pertenencia de un país a la organización Interpol [...] no vincula, en modo alguno, a la ejecución de la demanda de detención preventiva a efectos de extradición en el resto de países miembros”, hizo saber en marzo el Gobierno. En 2009, el PP (entonces en la oposición) y el PSOE limitaron el alcance jurídico del concepto de “justicia universal”, en lo que respecta a la capacidad de España a investigar crímenes cometidos en el extranjero. En 2014, el PP endureció el texto y el PSOE tomó distancias con relación a la posición adoptada por el Ejecutivo de derechas. http://politica.elpais.com/politica/2014/06/12/actualidad/1402583479_668190.html
A principios de marzo, en Bruselas, ningún diputado socialista acudió a recibir a la delegación de víctimas. Los mismos responsables de la asociación ya habían solicitado al PSOE en el Congreso de los Diputados, en diciembre, mayor apoyo.
La ley de la Memoria Histórica, promulgada en diciembre de 2007 por el Gobierno de Zapatero, ha dejado huella en Europa. Pero está lejos de haber resuelto la causa en su totalidad. Los activistas reprochan su falta de ambición y la ausencia de dotación presupuestaria, pese a que se desbloqueo una partida, sobre todo para llevar a cabo las investigaciones pertinentes para abrir las fosas y exhumar los cuerpos.
“El Gobierno se ha ocupado de asuntos más superficiales como la retirada de estatuas, el cambio de nombre de las calles o de erigir monumentos, pero queda mucho por hacer para reparar a las víctimas, abrir las fosas comunes, identificar a los responsables del expolio económico que sufrieron los republicanos. De todo eso no habla nadie”, se lamentaba el escritor Isaac Rosa, en una entrevista concedida aMediapart en 2010, tras la apertura del proceso en Argentina, que hacía albergar esperanzas. Las asociaciones estiman que 150.000 personas desaparecieron durante la Guerra Civil y el franquismo, que existen2.200 fosas que nunca han sido abiertas y más de 30.000 niños “robados” siguen sin ser identificados.
Así las cosas, poco se puede hacer desde Bruselas para obligar a Madrid a que cambie de posición frente a las extradiciones. Se ha presentado una petición que el Parlamento estudiará el próximo mes y es posible que se someta a votación. Pese a todo, estas acciones, aunque modestas, permiten continuar ejerciendo presión en vísperas de la celebración de elecciones generales, previstas para finales de año o para enero de 2016. Podemos, que se sitúa a la cabeza en estimación de voto, según algunos sondeos, podría hacer que las cosas cambien.
Argentina es el único país del mundo en el que se instruye el proceso de los crímenes del franquismo. La justicia de Buenos Aires recurrió al principio de Justicia universal para abrir en 2010 una investigación preliminar. Según este principio, los crímenes contra la humanidad, que por su naturaleza no prescriben, se pueden perseguir fuera de las fronteras donde se cometieron. En octubre de 2014, la jueza al frente de la causa emitió una orden internacional de detención contra una veintena de exresponsables del régimen, entre ellos dos exministros. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno de Madrid no ha dado luz verde a dichas extradiciones. Entre tanto, varios acusados han fallecido. Algunos están acusados de genocidio.
“Solicitamos al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que exijan al Gobierno español que elimine los obstáculos para que se puedan investigar y juzgar los crímenes franquistas, para que sean identificados todos los cuerpos de las fosas comunes y para que se termine con la apología del franquismo en monumentos y plazas de España”, declaró Carlos Slepoy, abogado de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA) en una rueda de prensa celebrada en Bruselas el 4 de marzo.
“Venimos aquí buscando una condena del Gobierno español”, insistió José María Galante, portavoz de la asociación de expresos del franquismo, La Comuna, que apoya el proceso iniciado en Buenos Aires. “Este Gobierno y los que le han precedido son cómplices de la barbarie franquista. Nosotros, las víctimas, nos hemos visto obligados a pedir justicia fuera de nuestras fronteras [...] Estos cómplices del franquismo se sienten hoy autorizados a pasar por alto la legislación internacional, denegando la extradición de los que han firmado las condenas a muerte de nuestros camaradas”, añadió.
La delegación fue invitada por un grupo de eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo, de diversos partidos, especializado en asuntos relacionados con la Memoria Histórica. Para Marina Albiol, eurodiputada de IU y miembro del grupo de trabajo, el objetivo es “alzar la voz en el Parlamento y denunciar la impunidad de los crímenes del Estadofascista, dado que la Transición terminó condenando a las víctimas, absolviendo a los verdugos, el Parlamento debe trabajar en la promoción de la verdad y la justicia y poner en marcha reparaciones”. “Es vital que se cuenten estas cosas en el Parlamento Europeo, que se haga oír esta memoria histórica que nos niegan en Madrid”, señala, por su parte, Josu Juaristi, eurodiputado de Bildu.
Pese a las reiteradas demandas de Naciones Unidas, España se niega a investigar a los miles de desaparecidos, muertos durante la Guerra Civil (1936-39) o durante la dictadura de Franco. Apela a la Ley de amnistía, adoptada en 1977, uno de los pilares de la Transición política nacida tras la muerte de Franco. En 2006, familias de las víctimas recurrieron al juez Baltasar Garzón, que trató de investigar, pese a todo, los crímenes del franquismo. Pero el Tribunal Supremo, en 2012, lo condenó, en el marco de otra causa, a 11 años de inhabilitación, lo que le permitió neutralizarlo.
Para justificar la renuncia a la extradición de exmandatarios franquistas, el Gobierno de Madrid aduce que estos crímenes han prescrito. El Ejecutivo también apela a la soberanía de los Estados miembros y se niega a reconocer las demendas de extradición formuladas por la Interpol y más generalmente al principio de “Justicia universal”; el mismo que autoriza Buenos Aires a investigar crímenes cometidos en suelo español. “La pertenencia de un país a la organización Interpol [...] no vincula, en modo alguno, a la ejecución de la demanda de detención preventiva a efectos de extradición en el resto de países miembros”, hizo saber en marzo el Gobierno. En 2009, el PP (entonces en la oposición) y el PSOE limitaron el alcance jurídico del concepto de “justicia universal”, en lo que respecta a la capacidad de España a investigar crímenes cometidos en el extranjero. En 2014, el PP endureció el texto y el PSOE tomó distancias con relación a la posición adoptada por el Ejecutivo de derechas. http://politica.elpais.com/politica/2014/06/12/actualidad/1402583479_668190.html
A principios de marzo, en Bruselas, ningún diputado socialista acudió a recibir a la delegación de víctimas. Los mismos responsables de la asociación ya habían solicitado al PSOE en el Congreso de los Diputados, en diciembre, mayor apoyo.
La ley de la Memoria Histórica, promulgada en diciembre de 2007 por el Gobierno de Zapatero, ha dejado huella en Europa. Pero está lejos de haber resuelto la causa en su totalidad. Los activistas reprochan su falta de ambición y la ausencia de dotación presupuestaria, pese a que se desbloqueo una partida, sobre todo para llevar a cabo las investigaciones pertinentes para abrir las fosas y exhumar los cuerpos.
“El Gobierno se ha ocupado de asuntos más superficiales como la retirada de estatuas, el cambio de nombre de las calles o de erigir monumentos, pero queda mucho por hacer para reparar a las víctimas, abrir las fosas comunes, identificar a los responsables del expolio económico que sufrieron los republicanos. De todo eso no habla nadie”, se lamentaba el escritor Isaac Rosa, en una entrevista concedida aMediapart en 2010, tras la apertura del proceso en Argentina, que hacía albergar esperanzas. Las asociaciones estiman que 150.000 personas desaparecieron durante la Guerra Civil y el franquismo, que existen2.200 fosas que nunca han sido abiertas y más de 30.000 niños “robados” siguen sin ser identificados.
Así las cosas, poco se puede hacer desde Bruselas para obligar a Madrid a que cambie de posición frente a las extradiciones. Se ha presentado una petición que el Parlamento estudiará el próximo mes y es posible que se someta a votación. Pese a todo, estas acciones, aunque modestas, permiten continuar ejerciendo presión en vísperas de la celebración de elecciones generales, previstas para finales de año o para enero de 2016. Podemos, que se sitúa a la cabeza en estimación de voto, según algunos sondeos, podría hacer que las cosas cambien.
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
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