dimecres, 23 de desembre del 2015

La Diputación de Barcelona ayudará a los ayuntamientos a quitar símbolos franquistas


http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20151223/30997529257/diputacion-barcelona-retirada-simbolos-franquistas.html



  • También aprueba crear una línea de apoyo económico para localizar posibles fosas comunes
La Diputación de Barcelona ayudará a los ayuntamientos a quitar símbolos franquistas
Imagen de la escultura de la Victoria, símbolo franquista retirado de la avenida Diagonal de Barcelona (Mané Espinosa)

El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado este miércoles crear una línea de apoyo económico a los ayuntamientos para la retirada gratuita de simbología relacionada con el franquismo y para localizarposibles fosas comunes. La moción de Entesa (ICV, EUiA, BComú) se ha aprobado con los votos de CiU, ERC, PSC, C’s y la CUP y el rechazo del PP, y también apoya a los ayuntamientos para impulsar una política pública de memoria democrática que valore el patrimonio cultural popular de los municipios.
La presidenta de la Diputación, Mercè Conesa, ha destacado que la moción es una oportunidad para dignificar la memoria histórica y ayudar a retirar símbolos “que no tienen ningún sentido”, y también para que las personas que aún desconocen el paradero de sus antepasados puedan dar con ellos.
El portavoz de Entesa, Arnau Funes, ha destacado que se pretende acabar de eliminar una simbología que considera que puede ser ofensiva para algunos ciudadanos, y considera “oportuno que la Diputación destine estas ayudas para que la excusa técnica de que no hay recursos desaparezca”.
La diputada de la CUP Maria Rovira ha defendido la importancia de eliminar esta simbología y ha avisado de que, si no lo promueve la administración, lo harán los ciudadanos, tras lo que ha defendido: “Para iniciar el camino hacia la independencia hay que eliminar el nomenclátor de imposición española”. Sonia Sierra (C’s) se ha preguntado “cómo se puede avanzar en democracia cuando hay muertos en las cunetas” y ha agradecido al pleno que señale que todos sus diputados condenan el franquismo, ya que ha lamentado que hay quien acusa a C’s de no condenarlo, lo que ha considerado falso e injusto.
La portavoz socialista, Pilar Díaz, ha destacado que ella misma vive en una calle con nombre de un alcalde franquista, y ha dicho que abordar este asunto es obligado debido a la Ley de Memoria Histórica, y que el objetivo debe ser eliminar los símbolos que representan una “noche muy oscura que duró 70 años” de represión. El diputado de CiU Joan Carles Garcia i Cañizares ha defendido que queda “todavía mucho trabajo por hacer en este sentido”, por lo que ve oportuno y necesario seguir eliminando estos símbolos de edificios, espacios públicos y del nomenclátor. El republicano Jordi Fàbrega ha criticado que la dictadura no dio lugar a una ruptura, sino a una transición en la que “el franquismo murió en la cama y sus herederos impulsaron algunas formaciones políticas; entre ellas, las que ha ganado las elecciones generales”, en referencia a Manuel Fraga y AP, precursora del PP.
El PP sí apoya localizar fosas
El diputado popular Ramón Riera ha diferenciado entre personas y partidos, y ha rechazado la propuesta porque considera que ya se han eliminado suficientes símbolos y porque “el espíritu de la moción no es la recuperación histórica, sino el de mantener un espíritu de confrontación” que conserva la memoria franquista por insistir en el asunto, aunque sí ha apoyado localizar fosas comunes. Riera ha criticado que algunos apuestan por una “purga estalinista” contra alcaldes que dice que sirvieron a sus ciudades en el franquismo, porque lo ve tan lamentable como la persecución de políticos tras la República.
Cruce de críticas ERC-PP
Ha replicado al diputado de ERC que viene del único partido “con golpistas que se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República”, algo que ha criticado Fàbrega, que ha insistido en eliminar todos los símbolos vinculados con el franquismo, incluidos los relacionados con el expresidente de la Diputación (1973-1977) y del CIO Joan Antoni Samaranch. La presidenta, Mercè Conesa, ha pedido “intentar no entrar en polémica” y suavizar la discusión, en la que considera que todos los posicionamientos deben ser respetuosos con el resto, y ha destacado que los alcaldes y las personas que estuvieron al frente de instituciones en la dictadura tomaron decisiones con consecuencias más allá del servicio a los ciudadanos.