La Ley de Memoria Democrática de Andalucía contará con un presupuesto de diez millones de euros y da un plazo de 18 meses para la eliminación de la simbología franquista. Incluye sanciones de hasta 150.000 euros y convierte las exhumaciones en política pública
Fosa de Puebla de Cazalla. // LAURA LEÓN
Localización, exhumación e identificación de todas las víctimas en Andalucía de la represión franquista . Este es uno de los objetivos de la Ley de Memoria Democrática, cuyo proyecto fue presentado este martes por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU). La ley, que contará con una memoria económica de diez millones de euros, convierte por primera vez en España la exhumación en una responsabilidad que recae en la administración, como política pública. Según Valderas, quedará aprobada en unos meses, “sobre marzo o abril”, después de su tramitación parlamentaria.
“Este es uno de los proyectos más sentidos de la consejería, nos sentimos orgullosos y felices”, indicó Valderas durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a este proyecto de ley, y que fue recogido en el acuerdo de gobierno de PSOE e IU.
“Ninguna fosa localizada en el territorio andaluz quedará sin abrir y ningún cuerpo sin exhumar”, indicó Valderas, aunque sin precisar el plazo de tiempo en el que este objetivo se llevará a cabo y matizando que será a “petición de las familias”. Por el momento, tampoco se sabe qué porcentaje del presupuesto irá destinado a las exhumaciones. La Junta también asumirá las pruebas genéticas que permitirán identificar los restos de las víctimas y se creará un banco de ADN.
En caso de que los restos aparezcan en un lugar de titularidad privada, “se procederá a la ocupación temporal del uso de los terrenos” si fuese necesario.
CENSO DE VÍCTIMAS
La ley también recoge la elaboración de un “censo de víctimas” de la represión en Andalucía. Valderas no supo explicar de qué forma y quién se encargará de realizar dicho censo, que requeriría un muy considerable despliegue de medios técnicos y humanos.
Otra de las novedades de la ley es la inclusión como víctimas de los niños y niñas robados durante el franquismo, además de los andaluces que pasaron por las campos de exterminio nazis.
Además, la futura ley también va más allá en el tiempo. Abarcará desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (1931-1982).
INFRANCCIONES Y SANCIONES
La norma andaluza, a diferencia de la ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2007, establece sanciones, entre 2.001 y 10.000 euros, para el que incumpla la orden de retirada de simbología franquista, calificada en el proyecto como infracción “grave”. Las referidas a “muy graves”, que acarreará sanciones entre los 10.001 y 150.000 euros por “la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas”.
La retirada tendrá que realizarse en un plazo de 18 meses tras la aprobación de la entrada en vigor de la norma y no se podrán alegar “razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura”, como sí ocurre con la ley estatal de 2007.
Por último, y como infracción “leve”, se sancionará, con entre 200 y 2.000 euros, la exhibición de “placas, escudos, insignias y otros elementos”. En esta categoría también se sanciona los daños e impedir la visita de los Lugares de Memoria.
14 DE JUNIO, DÍA DE LAS VÍCTIMAS
En cuanto a la reparación de las víctimas, se declarará el 14 de junio de cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe y la dictadura. La fecha hace referencia a la primera exhumación que se hizo de manera pública en Andalucía, en el verano de 2003 en Lecrín (Granada). Agustín Góngora buscaba a su hermano, pero falleció sin encontrarlo. Supuestamente, la tumba está debajo de una autovía.
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