La Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, habla con Ximo Puig durante la jornada. JOAQUÍN CARRIÓN
10/07/2016 -
TORREVIEJA. La consellera de Justicia Gabriela Bravo anuncio este sábado que el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana será trasladada para su aprobación a las Cortes Valencianas el próximo mes de septiembre.
Ahora, acaba de finalizar el plazo de audiencia pública donde se estudian las alegaciones y propuestas presentadas. “Se trata de una Ley que pone fin a una deuda con muchos valencianos y valencianas que sufrieron las consecuencias dela Guerra Civil y el Franquismo” indico la consellera que añadió:”Es una forma (la ley) de construir el futuro cerrando el pasado reconociendo a las victimas y la dictadura”.
En esta línea, la consellera explicó que el anteproyecto recogerá, entre otros aspectos, un listado de sanciones contra aquellas instituciones o entidades públicas y privadas que incumplan la retirada de la ornamentación franquista. Al respecto aseguró sobre el archivo de la causa abierta contra Rita Barberá por esta cuestión que “desde el punto de vista penal está argumentado. Por eso, nosotros vamos por la vía administrativa”.
Otros de los puntos serán la creación de un instituto de la memoria, y un catálogo de fosas comunes y subvenciones para excavarlas y “recuperar la dignidad de los allí enterrados”, indicó la consellera.
Se estima, según colectivos de recuperación de la Memoria Histórica que en la Comunidad Valenciana existen al menos 299 fosas - 71 en Castellón, 184 en Valencia y 44 en Alicante-. En ellas se calcula, están sepultados unas 10.000 personas represaliados por el franquismo. Según el anteproyecto dela nueva Ley todas ellas deberán ser estudiadas y exhumados los cuerpos que contienen.
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