http://www.granadahoy.com/article/opinion/2158574/franco/ha/muerto/pero/no/franquismo.html
ESPAÑOLES, Franco ha muerto! Así anunció el último presidente franquista Carlos Arias Navarro la muerte del dictador, en una televisión en blanco y negro. Era el 20 de noviembre de 1975. Han pasado 40 años desde aquella aparición televisiva del carnicero de Málaga, apodo que recibió como responsable de la brutal represión que se produjo en esta ciudad, tras haber sido tomada por los militares golpistas en 1937. Arias Navarro, de triste recuerdo para los malagueños, había ordenado fusilar a más de 4.000 personas. Y sin embargo, el Partido Popular se niega a quitar su nombre a un parque madrileño para mayor escarnio de las víctimas.
Cuando los familiares de víctimas del franquismo vieron en sus televisores la imagen decrépita de Arias Navarro, pensaron que estaba cerca la hora de hacer justicia. Por fin podrían recuperar los restos de sus seres queridos, enterrados durante cuatro décadas en fosas comunes, para darles una sepultura digna. Creyeron que habían pasado los años de miedo y silencio, y por fin podrían rendirles público homenaje, para que recibieran el reconocimiento político y social que merecían por dar su vida en defensa de la democracia. Pero no fue así. Es verdad que Franco había muerto, pero no el franquismo.
Lo que llegó fue la transición, que olvidó a las víctimas porque había ruido de sable en los cuarteles. Así lo puso de manifiesto el 23-F, con el asalto de Tejero al Congreso y los tanques de Milans del Bosch, en las calles de Valencia. La intentona golpista de 1981 puso fin a los primeros intentos de abrir las fosas de Franco. Los familiares de las víctimas se resignaron y comprendieron que tenían que seguir esperando. Que todo estaba atado y bien atado.
Actualmente no hay peligro de involución, la democracia está consolidada y, sin embargo, todavía tenemos más de 100.000 desaparecidos en fosas comunes y cunetas. Mientras tanto, los restos del dictador descansan, con todos los honores, en el Valle de los Caídos. Un agravio insoportable, pero no el único. Demasiadas calles y plazas mantienen aún nombres que recuerdan la dictadura y algunos ayuntamientos se resisten a retirar los títulos honoríficos al dictador. La ultraderecha exhibe impunemente la simbología franquista y tampoco pasa nada, porque el gobierno del Partido Popular, que tanto invoca la legalidad cuando le interesa, es el primero en incumplir la Ley de Memoria Histórica.
El Tribunal Supremo ha impedido que el juez Baltasar Garzón investigue los crímenes del franquismo y, ahora, el gobierno del Partido Popular se niega a extraditar a varios ex ministros de la dictadura, que son reclamados por la jueza argentina María Servini. Una derecha nostálgica que se niega a condenar el franquismo y llama "régimen autoritario" a la dictadura de Franco.
Pero aquí no acaba la larga lista de agravios. El gobierno invita a las víctimas del terrorismo a hablar en la ONU y olvida invitar a las víctimas del terror franquista. Es más, utiliza a la ONU cuando le interesa e ignora al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando le recuerda que los crímenes del franquismo no son amnistiables y tienen que ser investigados como delitos contra la humanidad.
Las víctimas fueron silenciadas por el franquismo y olvidadas por la transición, que no fue modélica como pretenden algunos, pues dejó mucho que desear. La sociedad civil ha tenido que organizarse en los últimos años, logrando algunos éxitos en la recuperación de la memoria democrática, ante la pasividad de jueces y gobiernos. Salvo el paréntesis del gobierno Zapatero, que resultó insuficiente. Hemos abierto, entre otras, la mayor fosa de Franco -ubicada en el cementerio de Málaga-, hemos quitado algunos símbolos fascistas y hemos señalizado lugares de memoria histórica, como las tapias del cementerio de Granada. Pero falta mucho por hacer, y esperamos hacerlo en Andalucía con la nueva Ley de Memoria Democrática.
Cuarenta años después de la muerte de Franco, nos hemos cansado de esperar. El próximo domingo, el movimiento memorialista marchará hacia el Congreso de los Diputados para decir 'Basta ya' a la impunidad de los crímenes del franquismo. Manifestaremos nuestro apoyo a la investigación de la jueza María Servini y exigiremos la creación de una Comisión de la Verdad.
Cuando los familiares de víctimas del franquismo vieron en sus televisores la imagen decrépita de Arias Navarro, pensaron que estaba cerca la hora de hacer justicia. Por fin podrían recuperar los restos de sus seres queridos, enterrados durante cuatro décadas en fosas comunes, para darles una sepultura digna. Creyeron que habían pasado los años de miedo y silencio, y por fin podrían rendirles público homenaje, para que recibieran el reconocimiento político y social que merecían por dar su vida en defensa de la democracia. Pero no fue así. Es verdad que Franco había muerto, pero no el franquismo.
Lo que llegó fue la transición, que olvidó a las víctimas porque había ruido de sable en los cuarteles. Así lo puso de manifiesto el 23-F, con el asalto de Tejero al Congreso y los tanques de Milans del Bosch, en las calles de Valencia. La intentona golpista de 1981 puso fin a los primeros intentos de abrir las fosas de Franco. Los familiares de las víctimas se resignaron y comprendieron que tenían que seguir esperando. Que todo estaba atado y bien atado.
Actualmente no hay peligro de involución, la democracia está consolidada y, sin embargo, todavía tenemos más de 100.000 desaparecidos en fosas comunes y cunetas. Mientras tanto, los restos del dictador descansan, con todos los honores, en el Valle de los Caídos. Un agravio insoportable, pero no el único. Demasiadas calles y plazas mantienen aún nombres que recuerdan la dictadura y algunos ayuntamientos se resisten a retirar los títulos honoríficos al dictador. La ultraderecha exhibe impunemente la simbología franquista y tampoco pasa nada, porque el gobierno del Partido Popular, que tanto invoca la legalidad cuando le interesa, es el primero en incumplir la Ley de Memoria Histórica.
El Tribunal Supremo ha impedido que el juez Baltasar Garzón investigue los crímenes del franquismo y, ahora, el gobierno del Partido Popular se niega a extraditar a varios ex ministros de la dictadura, que son reclamados por la jueza argentina María Servini. Una derecha nostálgica que se niega a condenar el franquismo y llama "régimen autoritario" a la dictadura de Franco.
Pero aquí no acaba la larga lista de agravios. El gobierno invita a las víctimas del terrorismo a hablar en la ONU y olvida invitar a las víctimas del terror franquista. Es más, utiliza a la ONU cuando le interesa e ignora al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando le recuerda que los crímenes del franquismo no son amnistiables y tienen que ser investigados como delitos contra la humanidad.
Las víctimas fueron silenciadas por el franquismo y olvidadas por la transición, que no fue modélica como pretenden algunos, pues dejó mucho que desear. La sociedad civil ha tenido que organizarse en los últimos años, logrando algunos éxitos en la recuperación de la memoria democrática, ante la pasividad de jueces y gobiernos. Salvo el paréntesis del gobierno Zapatero, que resultó insuficiente. Hemos abierto, entre otras, la mayor fosa de Franco -ubicada en el cementerio de Málaga-, hemos quitado algunos símbolos fascistas y hemos señalizado lugares de memoria histórica, como las tapias del cementerio de Granada. Pero falta mucho por hacer, y esperamos hacerlo en Andalucía con la nueva Ley de Memoria Democrática.
Cuarenta años después de la muerte de Franco, nos hemos cansado de esperar. El próximo domingo, el movimiento memorialista marchará hacia el Congreso de los Diputados para decir 'Basta ya' a la impunidad de los crímenes del franquismo. Manifestaremos nuestro apoyo a la investigación de la jueza María Servini y exigiremos la creación de una Comisión de la Verdad.
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