divendres, 2 de desembre de 2016

El Congreso admite a trámite una ILP para reformar la Ley de Memoria Histórica

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/presentan-ilp-congreso-reformar-ley-memoria-historica/20161201164117134394.html



NECESITA RECABAR 500.000 FIRMAS


El expresidente Zapatero ha mostrado su “disposición y compromiso” con esta iniciativa.
La ILP hace una mención especial sobre las persecuciones contra el colectivo homosexual.
Se plantea una mención especial sobre las persecuciones homófobas contra gays, lesbianas y transexuales, así como una mención especial en perspectiva de género, sobre las ‘paseadas’ y ‘rapadas’
Bajo el título "El último paso", el Congreso ha admitido este jueves a trámite una Iniciativa Popular para mejorar la Ley de Memoria Histórica, que en 2017 cumplirá 10 años de vigencia. Se trata de la primera iniciativa popular que se presenta en la recién inaugurada legislatura y pretende -según sus promotores- “cerrar una herida tras 80 años, logrando que las familias puedan enterrar a sus seres queridos, como derecho”.
La misma ha contado con el apoyo explícito del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, impulsor de la Ley de Memoria, un asunto que el PSOE volverá a reivindicar esta legislatura. Tanto la exposición de motivos, como el articulado y disposiciones adicionales, han sido apoyadas por Zapatero, quien ha mostrado su “disposición y compromiso” con esta iniciativa.
Una comisión promotora, integrada entre otros por el abogado Eduardo Ranz, pondrá en marcha el proceso de recogida de firmas (se necesitan 500.000) una vez que el Congreso y la Junta Electoral Central lo autoricen y contarán para ello con un plazo de nueve meses. En ese momento, se lanzará una web y se realizarán actos por toda España.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Nuevatribuna, pide la exhumación de todas las fosas franquistas “en suelo público y privado, regularizando el personal a pie de fosa”. También exige la retirada de simbología de exaltación, con sanción para el caso de incumplimiento, tanto de Ayuntamientos, como de Arzobispado, obispados y cementerios. Eduardo Ranz lleva tiempo presentando demandas contra ayuntamientos que están incumpliendo la Ley de 2007. En junio de este año, se produjo la primera sentencia condenatoria en la localidad de Olmedo, Valladolid. Asimismo, un juez de Melilla ha obligado al presidente de la ciudad autónoma a elaborar un católogo de vestigios franquistas tras la demanda interpuesta por este letrado exigiendo la retirada de la última estatua de Franco que queda en pie en España.
La iniciativa solicita el pleno acceso a archivos tanto militares como parroquiales, “sin la menor hostilidad, y en ejercicio de transparencia y verdad” y propone que los procedimientos se puedan iniciar por familiares de hasta cuarto grado, (actualmente la ley contempla hasta el segundo).
Se plantea una mención especial sobre las persecuciones homófobas contra gays, lesbianas y transexuales; así como una mención especial en perspectiva de género, sobre las ‘paseadas’ y ‘rapadas’.
Se propone como día de recuerdo el 31 de octubre, como homenaje a todas las víctimas sin apellidos, por ser la fecha en que se aprobó la Constitución Española, y el día en que se aprobó la Ley de Memoria Histórica y la ILP "El último paso".
La regulación de la vía de la Iniciativa Popular, no permite incluir materias que se regulen por Ley Orgánica, sin embargo, los promotores entienden que además del texto, es necesaria la regulación del delito de desaparición forzada como delito autónomo e imprescriptible, la responsabilidad penal de los autores o la elaboración de un programa educativo, así como el mandato al legislador de incluir la partida “memoria histórica” en los Presupuestos Generales del Estado a través de subvenciones finalistas.
En el caso de los 'bebés robados' también se están llevando a cabo iniciativas por toda España. Tal y como se contaba en estas mismas páginas, el Parlamento canario reconoció en mayo pasado estos casos como crimen de lesa humanidad, y a principios de noviembre se aprobó la tramitación de la primera ley en España sobre niños robados.