El Pleno aprueba dedicarla al presidente del Gobierno por UCD, para sustituir el nombre del político conservador asesinado en 1936
La advertencia de una demanda judicial por parte del abogado Eduardo Ranz Alonso ha espoleado al Ayuntamiento en su iniciativa de cumplir la Ley de la Memoria Histórica. Como publicó 'La Verdad', este letrado envió el pasado verano 300 cartas a consistorios de España, siete de la Región y entre ellos Torre Pacheco, en las que anunciaba acciones ante la Justicia si no procedían de forma inmediata a la «retirada de simbología de exaltación de la guerra civil y la dictadura».
Así, el Pleno municipal, a propuesta del gobierno local (Independientes y PSOE), ha aprobado el cambio de la denominación de la plaza Calvo-Sotelo, con el apoyo de PP y Ciudadanos, y la abstención de IU. El nombre de este popular espacio hacía referencia al diputado conservador José Calvo Sotelo, asesinado el 13 de julio de 1936, cinco días antes del levantamiento militar de Francisco Franco. A la finalización de la Guerra Civil, el Ayuntamiento, en sesión de mayo de 1939, adoptó el acuerdo de cambiar la denominación de la plaza de Los Palmeros como Calvo-Sotelo en recuerdo de una «figura preeminente del Glorioso Alzamiento Nacional».
Ahora, 77 años después, nuevamente el Pleno de la Corporación respaldó un cambio de nombre, en este caso a favor del que fue presidente del Gobierno en la etapa democrática actual, Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (1926-2008), sobrino del anterior. El edil de IU, Francisco Ramón Martínez, propuso que la plaza se llamara Bibiano Perona Ruiz, primer alcalde republicano en 1931, de ahí que se abstuviera en la votación para denominarla Leopoldo Calvo-Sotelo, como queda ahora.
El alcalde, Antonio León, recordó que en su misiva, Ranz afirmaba que en el caso de que «los municipios no cumplan con lo solicitado», se iba a interponer «una demanda contencioso-administrativa en los plazos que marca la ley». En el caso de Torre Pacheco, el abogado comentaba «la existencia de la plaza Calvo-Sotelo y escudos, insignias, placas u otras menciones conmemorativas de la dictadura». En cualquier caso, León recordó que la petición de Ranz, «ya la tenía hecha suya el Ayuntamiento», puesto que a finales del pasado año, el pleno había aprobado una moción de IU para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
A partir de ahí, se encargó un informe a la archivera municipal «para que hiciera un recuento completo de nombres de calles y plazas». Cuando casi estaba finalizado, agregó, «la funcionaria causó baja por maternidad y en cuanto se incorporé facilitará el trabajo para poder proceder al cumplimiento de ese mandato».
Según Eduardo Ranz, los ayuntamientos tienen «dos obligaciones» en virtud de la Ley de Memoria Histórica, que en 2017 cumplirá diez años: «elaborar un catálogo de vestigios de la dictadura y proceder a su retirada inmediata».
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