divendres, 4 de desembre del 2015

El magistrado Aznárez niega responsabilidad en los últimos fusilamientos del franquismo.




El magistrado Aznárez niega responsabilidad en los últimos fusilamientos del franquismo

  • Un libro de Carlos Fonseca le atribuye cinco peticiones de pena de muerte en 1975

  • El periodista y escritor describe en 'Mañana cuando me maten' el papel del entonces fiscal jurídico militar en los juicios sumarísimos.


Ángel Aznárez Rubio, magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y hasta marzo del año pasado notario con plaza en Gijón, negó ayer las acusaciones que contra su persona aparecen en el libro 'Mañana cuando me maten', del periodista y escritor Carlos Fonseca, en el que se relatan las últimas ejecuciones del franquismo el 27 de septiembre de 1975.
La publicación indica que Aznárez Rubio ejerció de fiscal jurídico militar en el procedimiento previo contra los miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) Pablo Mayoral Rueda, Manuel Antonio Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Fernando Sierra Marco y José Humberto Baena Alonso, acusados de haber asesinado al policía armada Lucio Rodríguez, el 14 de julio de 1975, en la madrileña calle de Alenza.
Según explica Carlos Fonseca en su reciente libro, las declaraciones, providencias, informes y autos del caso suponían 217 páginas «que el capitán Ángel Aznárez Rubio resumía en tres escuetos folios de su escrito de acusación» pidiendo cinco penas de muerte por delito de 'insulto por agresión a la fuerza armada'. Además, incluía las agravantes de alevosía, premeditación y haber sido ejecutado por más de dos personas.
Ángel Aznárez niega de plano los términos en que aparece reflejada en el libro su participación en ese proceso judicial. Asegura que fue «estrictamente profesional. No tuve ninguna responsabilidad con lo que ocurrió. Lógicamente, tenía superiores que actuaron como lo hicieron». El magistrado del TSJA apunta que su participación se limitó a dos intervenciones: «La primera fue presenciar la autopsia de un policía asesinado. Se hizo quince días después del enterramiento, en pleno mes de julio y fue horrible. La segunda, estar presente en las declaraciones de los acusados, que se hicieron con una rigurosidad total. Lo que ocurrió después no fue de mi incumbencia, sino del fiscal jefe», el teniente coronel Ramón González-Arnao.
Es un asunto ocurrido hace 40 años, pero Ángel Aznárez recuerda que al poco tiempo dejó el Cuerpo Fiscal del Ejército «porque me saqué las oposiciones de notaría. Nadie me dio nunca ninguna medalla y mi posición política en este tiempo es la que es. Nunca fui de la derecha ni de la derechona», asegura.
El libro de Carlos Fonseca ataca al actual magistrado del TSJA al publicar que «daba los hechos por probados, 'muy especialmente por las declaraciones de los propios procesados', sin tener en cuenta que posteriormente se habían retractado y denunciado torturas. Tal era su convencimiento de que las pruebas eran suficientes para ejecutarlos que renunciaba en su escrito a la práctica de diligencias en la vista oral».
No obstante, el propio Aznárez indicó ayer a EL COMERCIO que «las calificaciones definitivas no me correspondían a mí. Son del fiscal jefe. Yo tenía veintipocos años y no podía tener un asunto como ése en mis manos». En principio, el papel del entonces capitán Ángel Aznárez sería, pues, preliminar, ya que en el consiguiente consejo de guerra, celebrado los días 11 y 12 de septiembre de 1975 en el acuartelamiento de El Goloso (Madrid), ejerció como fiscal el citado González-Arnao. La sentencia resultante fue la de pena de muerte para Blanco, Fernández y Baena, mientras que se condenó a 30 y 20 años de cárcel, respectivamente, a Mayoral y Sierra. Finalmente, de ellos solo sería fusilado José Humberto Baena Alonso, junto con otros cuatro sentenciados en otros tres consejos de guerra, los también miembros del FRAP José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García y los etarras Jon Paredes y Ángel Otegui, en Madrid, Burgos y Barcelona.
Nombrado en 2014
Ángel Aznárez Rubio fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA el 27 de marzo de 2014, formando parte de una terna de candidatos que fue apoyada por PSOE e IU. Nacido en Oviedo en 1947, se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1970 e ingresó con el número 1 de su promoción en el Cuerpo Jurídico Militar, en 1973. Ya en 1977 ingresó en el Cuerpo Notarial, ejerciendo entre otros destinos en Barcelona. En 1987 ocupó notaría en Gijón. En 2014 fue designado para cubrir la plaza que había quedado vacante desde que en enero de 2012 falleciera el magistrado José Manuel Buján.

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