Como adelantó Tiempo Argentino, la semana pasada, el 25 de abril debían comenzar los testimonios desde España de familiares de víctimas asesinadas por el franquismo. La instancia es parte de la única causa abierta en el mundo sobre aquellos delitos de lesa humanidad registrados durante la Guerra Civil. Hablan Carlos Slepoy y Ana Messuti, dos de los abogados de la querella. Presiones disfrazadas de burocracia.
La única causa abierta en el mundo que analiza miles de crímenes ocurridos durante el franquismo en España volvió a estancarse. Como adelantó Tiempo Argentino, el pasado 25 de abril, familiares de asesinados durante la Guerra Civil debían declarar por teleconferencia desde Madrid a la jueza federal María Servini de Cubría, que encabeza la investigación. Pero los testimonios fueron suspendidos. En charlas mantenidas con Tiempo, dos de los abogados de la querella, Carlos Slepoy y Ana Messuti, manifestaron que la postergación representa "un gran dolor para esas familias", y la atribuyeron a trabas burocráticas que "las víctimas no se merecen".
La iniciativa busca dilucidar qué ocurrió con 115 mil desapariciones y 30 mil niños robados durante aquel período, investigación constantemente boicoteada por el gobierno español.
La demora fue atribuida a problemas administrativos entre ambas cancillerías. Sin embargo, no se descartan presiones de gobierno español, ya que algunos de los imputados tienen vínculos familiares directos con actuales funcionarios madrileños.
Los imputados más comprometidos son Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rafael Gómez Chaparro Aguado, Jesús Cejas Mohedano, Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. Se trata de ministros, ex jueces y policías del régimen de Francisco Franco, acusados de diferentes crímenes. Utrera Molina es el suegro del actual ministro de Justicia de España Alberto Ruiz-Gallardón, imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, asesinado mediante garrote vil. González Pacheco era un torturador notorio del franquismo, condecorado en democracia. «
Carlos Slepoy
"España no quiere investigar estos crímenes"
–¿Cuál fue la actitud española en los últimos años frente a la investigación?
–En España, tanto el gobierno como la justicia se han negado sistemáticamente a investigar los crímenes del franquismo. Tenemos el ejemplo reciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en febrero de 2012, procedimiento insólito que por el delito de prevaricato se instruyó contra el juez Baltasar Garzón. Garzón fue absuelto, pero ahí el tribunal aprovechó en su sentencia para invocar la ley de amnistía, la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, el principio de legalidad y otros "argumentos", los cuales supuestamente impedían conocer los hechos y juzgar a sus responsables.
–Todo estaba preparado la semana anterior para que un primer grupo de personas declarara por videoconferencia desde Europa, y eso no fue posible. ¿Qué pasó?
–No lo tenemos claro, ni sabemos por qué no llegaron esos testimonios ordenados por la jueza (María) Servini de Cubría. Lo cierto es que el consulado argentino en Madrid no recibió instrucciones por parte de la Cancillería argentina para realizarlas. Todo estaba dispuesto. Y la magistrada lo había comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino con la antelación suficiente. La frustración y el dolor han sido muy grandes.
–Existen imputados que tienen vinculaciones con actuales funcionarios españoles. ¿Piensan que eso influye en la demora?
–No somos inocentes. Es obvio que existen presiones de las autoridades españolas para desactivar la querella argentina. Tanto porque muchos de sus integrantes son herederos ideológicos del franquismo, como porque personajes relacionados con ellos son responsables directos de los crímenes. Evidentemente temen que se dicten contra ellos órdenes internacionales de detención, como hemos solicitado y esperamos que la jueza acuerde próximamente. La actuación de la justicia argentina pone de manifiesto y desnuda universalmente la impunidad reinante en España. Sin embargo, me gustaría agregar que esta situación no debería plantear problemas de tipo político y de relaciones entre ambos países, como algunos sostienen. No sólo porque debe ser honrada la independencia del Poder Judicial, sino porque a Argentina le asiste no solamente la legalidad, sino también la legitimidad que le otorga que, en nuestro país, haya ya más de 370 condenados y más de 1000 procesados por crímenes del mismo tenor que los cometidos por el franquismo. Sería un contrasentido que se homenajee merecidamente al juez Baltasar Garzón y se sea sensible a estas presiones. Estamos convencidos de que las autoridades políticas argentinas estarán a la altura que reclama esta causa histórica.
Ana Messuti
"Sería grave si hubiera otras razones"
–¿Qué sienten frente a esta postergación en las declaraciones testimoniales?
–El enorme valor que para los familiares tenía declarar ante un tribunal pone de relieve la importancia que aún despierta para los ciudadanos la justicia penal. En lugar de desalentar esa actitud, ese respeto por el tribunal de justicia, debería hacerse todo lo posible por facilitar esa comunicación. Me refiero a la comunicación entre víctima y juez. Es la única causa abierta en el mundo, porque la Argentina es uno de los pocos países donde se están juzgando crímenes similares. La Argentina debería hacer todo lo posible, a todos los niveles del gobierno, por facilitar esta causa. Así como lo hace para facilitar los juicios que se están celebrando en el país. Esta causa proyecta la justicia argentina a la jurisdicción universal. Y por eso resulta inadmisible, dada la magnitud de dicha investigación, el número de víctimas, y los años que han debido esperar para que se las escuche, que dificultades de carácter burocrático retrasen el cumplimiento de la resolución judicial de tomar declaraciones. La otra posibilidad, de que se retrase por otro tipo de razones, es tan grave, dado que se vería afectado el Poder Judicial mismo, que considero mejor no hacer conjeturas a ese respecto.
–¿Por qué?
–Porque sería un duro golpe para la justicia universal, para los avances que se han hecho tanto en la normativa como en la jurisprudencia internacionales, que se pongan trabas a esta querella por consideraciones ajenas a la justicia misma. El hecho de que estemos frente a la única causa abierta en el mundo para investigar y juzgar los crímenes del franquismo es elocuente por sí solo, y dice mucho de la justicia argentina. Los hechos aberrantes de la última dictadura militar que se están juzgando en la Argentina como crímenes de lesa humanidad o genocidio, son crímenes internacionales y de lesa humanidad, al igual que los del franquismo. Cometidos en el marco de un plan deliberado y sistemático de exterminio de determinados sectores de la población.
–Hay una vieja excusa en los que boicotean este tipo de causas: justamente el paso del tiempo. Y sobre todo en temas vinculados a la Guerra Civil, donde la gran mayoría de los imputables están muertos.
–Hay quienes nos critican por abordar algo que parece inabordable. No lo abordamos por gusto, ni los abogados, ni las víctimas. Los abogados, y la jueza que ha admitido la querella, no hacemos más que cumplir una obligación impuesta por las normas internacionales: no dejar impunes los crímenes más graves. Las víctimas sienten la necesidad de cumplir una obligación, frente a sus familiares asesinados, o frente a ellos mismos como víctimas directas, de acudir a la justicia.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada