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La Generalitat ha recuperado los restos de unas 42 personas en excavaciones, pero a ninguno se le ha puesto nombre
Se reconoce una carencia: no se ha extraído material genético de los descendientes de los desaparecidos para compararlo con los cadáveres
Cataluña cuenta desde 2009 con una ley que consagra como objetivo localizar e identificar a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, cuyos cadáveres siguen arrojados en zanjas casi 80 años después de estallar la contienda. Sin embargo, no se ha puesto nombre a ninguno de los desenterrados desde que la norma se aprobó.
Con la norma vigente, la Generalitat ha recuperado los restos de unas 42 personas en excavaciones, que se han efectuado a cuentagotas. La administración ya tuvo que inhumar 30 cadáveres entre 2009 y 2012 al no esclarecer quiénes fueron.
Aparte de unos 15 hallazgos fortuitos, el Govern ha descubierto 12 cuerpos en prospecciones de los últimos tres años. Nueve han aparecido en la sierra de Riés, en el Penedès. Se ha procedido a la identificación genética de esos despojos, así como de un esqueleto encontrado en Torelló.
A la falta de documentación y que muchas fosas en Cataluña fueron cavadas aprisa mientras los republicanos perdían terreno, se suma una carencia que ahora se reconoce: no se ha extraído material genético de los descendientes de los desaparecidos para compararlo con los cadáveres.
4.730 familias se han inscrito en el registro de la Generalitat para buscar a sus ancestros. En 464 casos se ha concretado dónde se los enterró. No obstante, murieron muchos más. Sólo en la batalla del Ebro, cayeron decenas de miles de combatientes.
Seis años después de aprobarse una ley ineficaz para desvelar el nombre de quienes no volvieron a casa, el Govern anuncia que ambiciona fundar en un año una institución que recopile el ADN de sus parientes.
El director general de Relaciones Institucionales, Miquel Puig, explica que la Generalitat pretende «impulsar un proyecto vanguardista con las tecnologías existentes y que, en menos tiempo, dan una panoplia de resultados muy amplia y las posibilidades de identificación son muchas más». Según Puig, el Govern invita a otras instituciones a financiar el plan. Pendiente de precisarse un presupuesto, juzga que sería una cantidad «factible».
En todo caso, ya existe una iniciativa similar. Roger Heredia, bisnieto de un desaparecido en el frente del Ebro, es uno de los impulsores de un banco junto a la Universitat de Barcelona. Almacena 100 muestras de sangre de parientes de fallecidos. Se costea con los 150 euros que cada familia paga por la prueba.
«Lo lógico sería un acuerdo para que el banco de la Generalitat sea el que existe en la UB», sostiene Heredia, que añade: «Si olvidase el nuestro, sería grave porque incumpliría un acuerdo del Parlament».
En 2013, la cámara catalana avaló las extracciones de ADN que algunas familias emprendieron e instó al Govern a darles difusión. Heredia aprecia que esa demanda se ha incumplido: «Ha habido pasividad y una desinformación total. Estamos trabajando desde 2010 y no hemos tenido apoyo de la Generalitat».
Governació ha hablado con los promotores de los estudios de la UB de converger en un único depósito de ADN. «Estamos dispuestos a confluir, pero el banco de la UB debe ser el de referencia para las familias», esgrime Heredia.
Puig sostiene que hay técnicas más punteras que las que se emplean en el proyecto de los descendientes. «El Institut de Recerca Biomèdica nos ha propuesto trasladar la tecnología de la genómica, que puede desentrañar el genoma de cualquier ser vivo, a la genética forense», comenta.
Pese a las discrepancias, hay coincidencias entre los afectados y la Generalitat. Tras años de reinvindicación de las familias, el Govern concede que sin cotejos de ADN es improbable adivinar la identidad de los esqueletos.
«En fosas encontradas sin petición previa o hallazgos en zonas de grandes batallas, es buscar una aguja en un pajar si no hay una colección genética de vivos», admite Puig, que niega que la Generalitat haya variado de criterio al perseguir ahora un banco de ADN: «En el ámbito internacional, es algo bastante reciente. Hablamos desde hace un año y poco. El proceso de maduración ha sido correcto».
Puig advierte que la identificación seguirá siendo «muy difícil». «La gran mayoría se puede identificar», replica Heredia, que subraya la urgencia de recabar el ADN de los parientes con mayor consanguinidad con los fallecidos. Si no han muerto, son personas de edad avanzada. Heredia también aboga por una abertura «sistemática» de fosas, como 29 entidades han reclamado. En Cataluña se documentan unas 345 sepulturas. El Govern estudia una terna de 19 solicitudes para excavar algunas.
«En Argentina, se han tomado 9.000 extracciones y hay 63 médicos que recogen muestras gratuitamente. En Srebrenica, hay 22.000 muestras y se han identificado 6.000 cuerpos. Lo hacen todos menos nosotros», compara Heredia. El relator de la ONU Pablo de Greiff criticó en un informe en 2014 la «indiferencia» y la ausencia de ayudas del Gobierno de España para exhumar y poner nombre a los restos, algo que calificó de «técnica y materialmente factible».
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